El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, afirmó que la decisión del interventor del Gobierno Nacional de terminar unilateralmente el contrato para la recuperación del San Juan de Dios pone en riesgo la salud de los bogotanos y el patrimonio de la ciudad.
«Quiero ser muy claro: esta decisión no protege la salud de los bogotanos. Al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio de salud, la estabilidad del Sistema Distrital de Salud, e impide la recuperación del San Juan de Dios, ordenada en varias sentencias en los últimos años. Igual de preocupante es el riesgo que esta decisión representa para el patrimonio de la ciudad, dado que actualmente existen dos tribunales de arbitramento sobre el contrato, orientados a defender los intereses de Bogotá y de la Nación, cuya estrategia se ve gravemente afectada con la terminación unilateral. Estos procesos, en conjunto, tienen pretensiones que ascienden a más de 100.000 millones de pesos», afirmó Galán.
Cabe recordar que, el pasado 7 de mayo, el Gobierno Nacional decidió intervenir la Subred Centro Oriente, a pesar de que el Distrito y la Nación venían trabajando de manera articulada en un plan, liderado por la Secretaría Distrital de Salud, para subsanar las fallas históricas de la subred.
Por su parte, el alcalde Galán solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen si la decisión adoptada respeta la moralidad administrativa y protege el patrimonio público. Además, instó a las Secretarías de Salud y Jurídica a evaluar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en relación con la motivación y competencia del agente interventor para tomar dicha decisión.
«Desde 2017, la Alcaldía ha adoptado medidas para recuperar el San Juan de Dios, conforme a las especificaciones técnicas y culturales exigidas por la ley. Nuestro propósito es garantizar que este hospital funcione y preste sus servicios a toda la ciudadanía. Sin embargo, la decisión del agente interventor nos aleja de ese objetivo y pone en riesgo el patrimonio público. Por ello, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que quienes afecten negativamente el patrimonio de Bogotá respondan ante la ley por sus decisiones», añadió.
