EE. UU. Recorta a la mitad la ayuda para Colombia por preocupaciones sobre el gobierno Petro

En una decisión que sacude los pilares de la histórica relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes estadounidense aprobó este miércoles un recorte del 50% en los fondos destinados al país sudamericano para el año fiscal 2026. La medida, que fue avalada por 35 votos a favor y 27 en contra, refleja un cambio significativo en la postura de Washington frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La nueva asignación, que asciende a 209 millones de dólares, representa una caída abrupta frente a los aproximadamente 420 millones de dólares aprobados para el periodo fiscal anterior. La reducción no solo es cuantitativa, sino también estratégica: mientras se mantienen 103 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y 38 millones para las Fuerzas Armadas, los fondos destinados a programas sociales y de desarrollo económico se desploman, recibiendo apenas 67 millones de dólares, un recorte cercano al 66%.

El impulsor del recorte fue el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, quien justificó la decisión asegurando que el presupuesto busca «castigar» a gobiernos que no estén alineados con la visión conservadora de Estados Unidos, en especial con el posible regreso de Donald Trump a la presidencia. Díaz-Balart ha sido abiertamente crítico del enfoque político y económico del gobierno Petro, acusándolo de alejarse de los intereses tradicionales de cooperación con Washington.

Pero las inquietudes no provienen únicamente del espectro republicano. Congresistas demócratas como Adriano Espaillat (Nueva Jersey) y Henry Cuéllar (Texas) también expresaron sus reservas sobre el rumbo que ha tomado Colombia en temas clave como la lucha contra el narcotráfico, el respeto a la institucionalidad y la cooperación bilateral.

El presupuesto aún debe ser debatido y aprobado por el pleno de la Cámara en septiembre. Luego, pasará al Senado y, si hay diferencias entre ambos textos, será necesario conformar una comisión de conciliación para acordar una versión final.

¿Qué significa esto para Colombia?

Este recorte no solo representa un golpe financiero, sino también un llamado de atención político. La drástica reducción de fondos «blandos» —los destinados a educación, desarrollo económico, inclusión social y fortalecimiento institucional— puede limitar gravemente programas en regiones vulnerables, precisamente donde la presencia del Estado es más débil y donde grupos armados y economías ilegales encuentran terreno fértil.

Además, envía un mensaje contundente sobre la fragilidad de la confianza internacional en la actual administración colombiana. Washington, durante décadas uno de los principales aliados estratégicos de Colombia, parece estar revaluando su apoyo, no solo por factores objetivos como resultados en la lucha contra el narcotráfico, sino también por cuestiones ideológicas y geopolíticas.

En un contexto regional donde varios países de América Latina han virado hacia la izquierda, y ante la posibilidad de un cambio político en Estados Unidos en las elecciones de 2024, Colombia queda en medio de un juego de fuerzas en el que podría pagar un precio alto si no redefine con claridad su política exterior y su estrategia de cooperación internacional.

Mientras tanto, miles de colombianos que se benefician de estos programas —en zonas rurales, comunidades afro e indígenas, excombatientes en proceso de reintegración— quedan en la incertidumbre. Porque más allá de los números, esta decisión tiene rostro humano. Y duele.