Carbones del Cerrejón Multada con Más de $500 Millones por Incumplir Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
La multinacional minera Carbones del Cerrejón (CDC) fue sancionada con una multa superior a los $500 millones por no cumplir con las normativas de seguridad y salud en el trabajo, específicamente por la omisión de reportar 28 enfermedades laborales en los primeros meses de 2023. La multa, impuesta por el Ministerio del Trabajo, asciende a $500.018.560, una cifra equivalente a 10.624 unidades de valor tributario (UVT), de acuerdo con la resolución 0234 del 5 de noviembre de 2024.
La sanción se origina por el incumplimiento del artículo 2.2.4.1.7 del Decreto 1072 de 2015, que obliga a los empleadores a notificar a la Dirección Territorial Guajira sobre accidentes laborales graves y enfermedades diagnosticadas como laborales dentro de los dos días hábiles siguientes al evento o diagnóstico. Sin embargo, la empresa no reportó los 28 casos de enfermedades laborales que ocurrieron entre enero y marzo de 2023, lo que ha generado una grave deficiencia en el control y monitoreo de los riesgos laborales en la región.
El Ministerio del Trabajo también evidenció que la empresa no presentó a tiempo los informes correspondientes a enfermedades laborales y accidentes graves ocurridos durante los años anteriores, desde 2015 hasta 2022. A pesar de que las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) fueron notificadas, el reporte formal a las autoridades competentes no se hizo en el tiempo y forma establecidos por la ley.
El incumplimiento de esta obligación no es un tema menor. La falta de reportes afecta directamente la capacidad del Gobierno Nacional para diseñar políticas públicas eficaces en materia de seguridad laboral. Sin una información precisa y actualizada sobre la situación de los trabajadores, se debilita la vigilancia epidemiológica y la recopilación de datos esenciales para la creación de normativas que garanticen un entorno laboral seguro y saludable. «La omisión de estos reportes dificulta la implementación de medidas correctivas y preventivas que podrían haber mejorado las condiciones de trabajo en la mina y evitado más casos de enfermedades laborales», señaló una fuente del Ministerio del Trabajo.
Según el Ministerio, en 2023 fueron al menos 29 los trabajadores que sufrieron accidentes graves o enfermedades laborales, lo que resalta la importancia de contar con un sistema de reporte ágil y transparente. La notificación de estos casos es fundamental no solo para proteger la salud de los empleados, sino también para que las autoridades puedan intervenir oportunamente y prevenir situaciones de riesgo. Además, los datos obtenidos permiten realizar un seguimiento más efectivo de los avances en seguridad laboral, para que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de los trabajadores.
Ante esta sanción, la empresa deberá elaborar y ejecutar un plan de mejoramiento que garantice el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral, así como la implementación de medidas correctivas en su sistema de gestión de riesgos. Este plan será objeto de seguimiento por parte de las autoridades, con el objetivo de evitar futuras infracciones y mejorar las condiciones laborales en el futuro.
El caso de Carbones del Cerrejón resalta un problema recurrente en muchas empresas del país: el incumplimiento de las normativas de seguridad y salud laboral. Sin un sistema efectivo de reporte y control, no solo se pone en riesgo la salud de los trabajadores, sino que también se obstaculiza el avance hacia un entorno de trabajo más seguro y responsable. Las sanciones, aunque severas, son una llamada de atención a todas las empresas sobre la importancia de respetar y cumplir con las normativas laborales, que no son solo una obligación legal, sino una responsabilidad ética con los empleados.
La multa de más de $500 millones es un recordatorio de que la salud y seguridad en el trabajo deben ser prioritarias para todas las empresas, y que el cumplimiento de las leyes en esta materia no es negociable. El bienestar de los trabajadores debe ser una prioridad, no solo para evitar sanciones, sino para construir un futuro laboral más justo y seguro.
